Informe del Banco Mundial asegura que los migrantes han aportado al crecimiento y al Fisco de Chile

La migración, que se ha posicionado como uno de los grandes temas y desafíos a nivel país, se ha convertido en una aliada para la economía chilena, de acuerdo con los números expuestos en un informe del Banco Mundial.

El análisis, de hecho, constató un aporte de los extranjeros residentes en Chile en tres aristas principales: en la dimensión macroeconómica, arcas fiscales y lo que el organismo definió como “bono demográfico”.

El zoom parte de la base de que en Chile hay cerca de 1,1 millón de migrantes de distintas nacionalidades y a esto se suman 532 mil solamente venezolanos.

“Las personas migrantes han generado contribuciones valiosas a los indicadores macroeconómicos de Chile, entre 2017 y 2023”, indicó el reporte del Banco Mundial.

De acuerdo con las cifras, los extranjeros de todas las nacionalidades totalizan 1,2 millón de personas que son población económicamente activa -o sea, que tienen o buscan trabajo-, los que en promedio han contribuido con un aumento 1,7 punto porcentual (pp.) al incremento del consumo, de 0,8 pp al Producto Interno Bruto (PIB) y US$ 399 al PIB per cápita.

Solo la migración venezolana contribuyó con 0,2 punto porcentual al crecimiento real y con US$ 117 al PIB per cápita.

Esto último, indica el director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, Juan Pablo Ramaciotti, se diferencia con lo que sucede usualmente en los países que presentan migración, en los cuales aumenta el PIB general, pero disminuye el índice per cápita.

“El informe del Banco Mundial nos muestra que en Chile hay una oportunidad, porque ha habido crecimiento en ambas formas de medir el PIB. Entonces, eso es un impacto que ya estamos viendo. Pero, además, hoy hay una oportunidad de seguir potenciando ese aporte que se está generando por ingresos”, dice.

Más aporte al Estado

Por otro lado, el informe también indica que la migración trae aportes fiscales para Chile.

Mientras la tasa de sostenibilidad fiscal de los chilenos es de $ 1,01, es decir, que por cada peso de beneficio a un chileno, el Estado recibe $ 1,01 de impuestos; en el caso de un migrante venezolano es de $ 1,63 y el de los migrantes de otras nacionalidades es de $ 1,61.

“En Chile, los migrantes tienen una baja tasa de dependencia fiscal y menor recepción de beneficios sociales. Es decir, lo que pagan en impuestos es más de lo que reciben en servicios de salud, educación, transferencias y subsidios”, señala el informe.

Sobre la base de estos datos, Ramacciotti indica que el Estado chileno está incrementando sus arcas a partir de la migración, pero que es importante que el Estado sepa canalizar bien la inversión de esos recursos.

“Hay una oportunidad para ver dónde se ponen esos recursos extra que está generando la migración para el sector público, que debieran hacerse cargo de aspectos donde se han generado ciertas tensiones en ciertas regiones o en ciertas comunas específicas, la cantidad de matrículas escolares que hay o reforzar en ciertos lugares la capacidad de atención de los consultorios, por ejemplo”, afirma.

Bono demográfico

Adicionalmente, el reporte del Banco Mundial sostiene que los extranjeros en Chile representan un “bono demográfico” para el país, esto es cuando la población en edad de trabajar es mayor que la población dependiente (niños y adultos mayores), lo que genera un escenario propicio para el crecimiento económico.

De esta manera, se observa que un 32,4% de la población migrante tiene entre 25 y 34 años y 20,3% es menor de 25 años.

En cuanto a participación en el mercado laboral, la tasa supera la de los chilenos, siendo de 80,8% frente a 59,4%.

Esto, explica Ramacciotti, es una ventaja respecto a lo que sucede en la región, ya que si bien ha aumentado la tasa de informalidad de los extranjeros -del orden de 28%-, sigue siendo baja en relación con otras naciones, donde en general los trabajadores presentan tasas de informalidad laboral alta.

“Al estar la mayoría de los trabajadores migrantes trabajando de manera formal, hay un mayor aporte económico tanto al Fisco como a la economía en general, porque están siendo parte, por ejemplo, del pago de impuestos, están cotizando y son actividades formales y eso potencia mucho la actividad económica”, dice.

El ejecutivo sí advierte que se debe mantener como desafío seguir trabajando en la reducción de la informalidad, que supera a la de los chilenos (27%).

También se indica que los niveles educativos de los extranjeros son similares o superiores al promedio chileno y, en el caso de los venezolanos, el porcentaje con enseñanza superior es mayor a los nacionales.

Ante esto, el experto también señala que puede llegar a ser un aporte económico. “La diversidad de experiencias, la diversidad cultural aporta también cuando se genera una buena integración laboral en que haya mejor capacidad de innovación y mayor productividad dentro de la empresa”, explica.

Pero precisa que, por lo mismo, se debe dar importancia a la formalidad laboral: “Para eso hoy es importante que las personas que están trabajando de manera informal y, especialmente con un estatus migratorio irregular, puedan resolver esa situación y es un desafío importante y urgente para la política pública en Chile”.

Mejor gestión de la migración

De acuerdo con las cifras que entregó el Banco Mundial, se han realizado avances en el proceso de empadronamiento y registro biométrico en Chile, lo que contabiliza a 178 mil personas registradas.

De estos, se concluyó que los migrantes en situación irregular y que están dentro del empadronamiento están en su gran mayoría en edad productiva, ya que cerca del 80% tienen entre 18 y 44 años. También, están distribuidos igualitariamente por género y y baja tasa de dependencia familiar.

En este contexto, el reporte recomienda medidas para abordar aspectos críticos para la gestión de la migración. Entre estas están generar una institucionalidad más fuerte y mejor coordinación; políticas transversales de alto valor estratégico; atención en los territorios, para promover la convivencia y la inclusión económica y social; y, apoyo complementario a la población receptora.